Nº:64 - Entrevista a Oskar Lafontaine.

Constitución Europea: lo que naufragó, no se puede reflotar

Angela Merkel quiere salvar la Constitución de la UE desde la presidencia que ahora ocupa del Consejo europeo. Su reviviscencia tiene que darse como muy tarde en verano. La Linkspartei y la WASG [Partido de la Izquierda y Alternativa electoral por la justicia social, en proceso de unificación] la creen condenada al fracaso. Pero también ellos dicen: la UE necesita una Constitución. Sólo que muy distinta del texto actual. La formulación que habría de tener tal texto la han esbozado Oskar Lafontaine y Gregor Gysi en el Memorando de la Unión Europea que acaban de presentar.
¿Por qué pone tanto empeño la Canciller, en su calidad de presidente del Consejo de la Unión Europea, en reanimar un proceso constitucional comatoso?

Oskar Lafontaine: Francamente, no puedo explicármelo. Pero yo hago exactamente el mismo que juicio que usted sobre el estado del proceso constitucional europeo. Será muy difícil convencer a los Estado europeos de aprobar una Constitución así. Pase lo que pase, la izquierda exige una Constitución europea aprobada por referéndum en todos los estados miembros, porque el pecado capital de la evolución europea desde hace años es la toma de decisiones pasando de la población. Sin excepciones: piense en el Tratado de Mastrique, en la introducción del euro, en la ampliación con los países del Este. Quien así actúa, favorece la conversión de la UE en una burocracia no democrática.

Junto con la Constitución, el gobierno federal ha declarado como puntos fundamentales de su presidencia del Consejo europeo la culminación final del mercado interior europeo o la ahora mismo tan acaloradamente discutida seguridad energética europea. Si usted tuviera esa responsabilidad, ¿a qué daría primacía?

La izquierda se preocuparía sobre todo de someter a regulación el mercado europeo, sobre todo el llamado mercado de trabajo. Terrible palabra, dicho sea de paso, porque sugiere que lo que transita por ese mercado son mercancías, no seres humanos. La izquierda, además, introduciría un salario mínimo en todos los Estados de la UE, porque son imprescindibles para regular el mercado interior europeo de modo tal, que los europeos dejen de estar expuestos a una insegurización social permanente.

¿Y en lo tocante a la política energética?

En este respecto hay que andarse con mucho cuidado, porque ahora está ganando en Europa terreno la idea norteamericana de que el suministro energético ha garantizarse también, llegado el caso, militarmente. Eso se oye hoy en Alemania, sobre todo entre las filas de la CDU (democracia cristiana). Un peligroso camino errado.

Está usted pensando en el concepto ampliado de seguridad que se halla en el Libro Blanco del ministro de defensa Jung.

Estoy pensando en un cambio fundamental en la política exterior alemana consistente en utilizar abusivamente al ejército federal, con desprecio de la Constitución, en tareas que van más allá de lo defensivo. Hemos asistido a la violación del derecho internacional en la guerra de Yugoslavia y en la guerra de Afganistán. También en la guerra de Irak, en la que estamos también implicados, según ha sostenido el Tribunal Administrativo Federal, puesto que hemos puesto en Alemania aeropuertos a disposición de las fuerzas armadas estadounidenses y la armada federal ha acompañado en misiones de protección a naves de combate norteamericanas durante las negociaciones bélicas en Irak. Esos extravíos de la política exterior alemana se acentuarían todavía más, si ahora se pretendiera por añadidura proteger las fuentes energéticas. Willy Brandt o Helmut Schmidt rechazaron siempre eso.

Dicen ustedes en su Memorandum que con los referenda en Francia y en Holanda el Tratado constitucional ha naufragado. Pero se podría reponer que 17 Estados lo han ratificado ya de todos modos. Además, en junio habrá un nuevo presidente o una nueva presidenta francesa, lo que podría mover un poco las cosas. ¿Se mantiene usted en su afirmación?

Si, pero por otras razones. Lo decisivo es que una Constitución de la UE sea deseada por la población, si no, no es ninguna Constitución, sino una ordenanza impuesta. Y la población europea está en inequívoco desacuerdo con la política neoliberal prescrita por esa Constitución. Esa política ha llevado a la UE a mayores niveles de desocupación y de pobreza. Además, nosotros, como gentes de izquierda, entendemos la democracia no como un acto formal, sino como una forma de gobierno conforme a la cual no pueden despreciarse los intereses de la mayoría de la población, como hacen permanentemente las resoluciones del Ejecutivo de la UE, ya se trate del Consejo, ya de la Comisión. Una y otra vez vemos al Bundestag [parlamento federal] alemán, que se entiende a sí mismo como una asamblea de esclarecidos, votar contra la mayoría del pueblo. Piense usted en las pensiones, en el IVA y en la reforma del sistema de sanidad. O en las excursiones ultramarinas del ejército federal, que contradicen la voluntad de la mayoría. En el parlamento se decide siempre lo contrario de lo que la mayoría fuera del parlamento considera lo correcto.

¿Necesita Europa para algo una Constitución? ¿No basta con una Carta de Derechos Fundamentales?

Si se quiere continuar la unidad europea y nos atenemos, como yo, a una visión de los Estados Unidos de Europa, entonces una Constitución de la UE es un progreso. Pero el texto constitucional no tiene que ser un tocho como el actual. Basta un texto corto que permita a los Estados miembros entenderse de acuerdo con los principios generales de su actuación conjunta, sin necesidad de regular todos los detalles. Pero entre esos principios están el carácter social del estado y los deberes de la propiedad con el bien común. Precisiones de este tipo, que pongan límites al radicalismo de mercado, están de todo punto ausentes hasta ahora.

¿Pero no contribuye usted a aumentar el escepticismo con la UE al afirmarse en la necesidad de una Constitución de la UE? Acabe ésta teniendo el aspecto que se quiera, despertará en el ciudadano europeo la impresión de un mayor control foráneo, de una menor transparencia.

Porque las cosas son como usted dice, sólo un debate a fondo de un texto sencillo puede mitigar esa impresión. Yo tuve una experiencia singular en Francia, cuando fui invitado a participar en la campaña del No en el referéndum de mayo de 2005, y me sorprendió lo bien que conocían los franceses el texto constitucional. Hasta taxistas y camareros me hablaron del asunto en París; ¡eso querría yo en Alemania!.

¿Por qué aboga usted por una neutralidad de la Constitución en materia de política económica, en vez de pretender anclar en la Constitución el carácter social de la economía de mercado?

En las partes pertinentes de nuestro Memorando decimos también que la Constitución debe estar abierta a un orden económico mixto, con un sector público significativo...

... pero el concepto de neutralidad en política económica salta a la vista.

Se empleó esta formulación porque hasta ahora se había despertado la impresión de que el orden neoliberal carecía de alternativas, haciéndole así acreedor a figurar con el rango de un mandato constitucional. Está totalmente fuera de disputa que para nosotros la existencia de un fuerte sector público es de todo punto esencial, lo que –huelga decirlo— expresa una determinada idea de la economía y del Estado. Si en Alemania tuviéramos un sector público tan robusto como en Dinamarca o Suecia, entonces –basta echar cuentas— no tendríamos desempleo. Pero estas sencillas conexiones son completamente ignoradas en la discusión alemana, por desgracia.

Sin embargo, los criterios sociales a que usted se atiene, ¿no traen consigo un mayor control macroeconómico, por ejemplo, a través del Banco Central europeo?

Para empezar: la izquierda es la única fuerza política persuadida de que la constitución del Banco Central europeo (BCE) tiene que ser modificada en el sentido de una política económica de tipo clásico. Para hacerla entender a las personas que reaccionan escépticamente ante esta idea de la izquierda, no nos cansamos de apelar al Banco Central estadounidense, encargado no sólo de velar por la estabilidad monetaria, sino igualmente obligado a promover el crecimiento y el empleo. Con sólo que se limitara a copiar la constitución del Banco Central estadounidense, tendríamos ya un gran progreso en el Banco Central europeo.

¿Hasta qué punto?

El BCE no podría ya conducir su política conforme a las reglas completamente superadas que le prescribe el Tratado de Mastrique. Piense en el pasado año: el gobierno federal tuvo el coraje de no recortar, como requería el cumplimiento de los criterios de Mastrique, y al verse favorecido, además, por la coyuntura mundial, se confirmó la vieja fórmula de la izquierda: sólo el crecimiento sana el presupuesto. Por eso hay que cambiar el llamado pacto de estabilidad, también llamado, de manera contundente, pacto de crecimiento. Pero demás necesitamos una armonización de la política fiscal a escala europea. En resuelta oposición a los partidos conservadores, pretendemos esa armonización no sólo a través de los impuestos indirectos, sino también –y mucho más importante— a través de impuestos directos sobre el ingreso, el patrimonio o el rendimiento de los intereses. Mientras no se produzca una armonización aquí, mientras, por ejemplo, en Austria no haya imposición sobre el patrimonio, todos los neoliberales alemanes dirán que no se puede introducir porque si no nuestros ricos emigrarán.

El actual texto constitucional de la UE prevé, entre otras cosas, un ministro europeo de asuntos exteriores. ¿No sería eso un avance, también en vista de las relaciones transatlánticas?

Desde luego, pero eso presupone que los europeos sean capaces de una política exterior común. De lo contrario, un ministro así no tiene función ninguna.

De él podría partir cierto impulso hacia la unidad de acción.

Pero mire usted a Solana, el actual comisario de asuntos exteriores en la UE. ¿Acaso ha promovido una política europea común en Irak? Si se quiere un ministro europeo de asuntos exteriores, hay que dar antes respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo tendría que ser una política exterior europea? La izquierda quiere una orientación completamente distinta, conforme a un principio fundamental: igual derecho para todos, el derecho internacional tiene que valer para todos igual, el tratado de no-proliferación nuclear debe valer igual para todos. El gran error del gobierno Schröder-Fischer consistió en la pretensión de convertir la continuada violación del derecho internacional en fundamento para un nuevo papel de Alemania en el mundo.

Usted sugiere la puesta en marcha de algunas fuerzas de intervención europeas. ¿Tendrían que ser neutrales en punto a alianzas políticas?

Queremos una política exterior que haga posible asociarse en cuestiones de seguridad con otros, también con los EEUU, naturalmente. Una política exterior en la que esté meridianamente claro que la UE en ningún caso se dejará arrastrar por una política estadounidense que sirva a la conquista de fuentes de materias primas y de mercados de consumo, como a veces se oye en las afirmaciones irreflexivas de los llamados expertos en política exterior de otros partidos.

¿Alianzas de seguridad sin la OTAN?

Sí, porque ya no existe la OTAN en su forma original. La alianza occidental se ha transformado hasta convertirse en una liga de intervención. No sin decisiva participación alemana, apoyada en la necia fórmula: Alemania también se defiende en el Hindu-Kush. Uno de los asertos más absurdos que yo haya tenido ocasión de oír de boca de un político alemán. Sólo la holgazanería intelectual explica que no se haya venido a la idea de darle la vuelta a la afirmación para hacerle decir a un afgano: mi país y el honor de mi clan se defienden también en los Alpes.

¿Por qué no dice usted nada en su Memorandum de las opciones de ampliación de la UE?

Porque somos de la opinión de que primero hay que empezar por digerir las incorporaciones más recientes. No decimos eso sólo porque esas incorporaciones se hayan producido de manera no democrática, pasando por encima de las poblaciones, sino porque se han malutilizado también como instrumento de dumping salarial e incluso fiscal. De aquí que las asociaciones empresariales se muestren tan vehementemente a favor de la ampliación al Este. Mientras eso sea así, una formación de izquierda no puede pronunciarse por la ampliación, sino que está obligada a hablar de la manera de corregir las cosas que se han hecho mal.

¿Qué piensa usted de la aspirante Turquía?

Exactamente lo mismo. Antes se decía siempre: necesitamos una profundización y una ampliación de la UE. De eso sólo ha quedado una ampliación con dumping social, y nada más.

Antes de los referenda en Francia y Holanda, hubo políticos de la PDS [el nombre anterior de la Linkspartei] que se manifestaron claramente a favor de la Constitución europea. ¿Cuanto desafecto provocan hoy sus posiciones sobre la UE en la Linkspartei?

Yo creo que los principios que Gregor Gysi [el principal dirigente de la Linkspartei] y yo hemos dejado sentados en el Memorandum, y que apuntan claramente a una regulación socialista de la economía de mercado, están completamente fuera de discusión, tanto en la Linkspartei como en la WASG. Puede haber alguno que otro que aprecie mucho las ínfimas mejoras que se han hecho en el presente Tratado constitucional, como la Carta de Derechos Fundamentales. Pero mi impresión es que en ninguno de los dos partidos halla la Europa neoliberal la menor adhesión.

En su día, los partidarios de la Constitución en las filas de la PDS sugerían que con la Carta de Derechos Fundamentales se expresaba por vez primera en un documento de la UE la inextricable unidad de los derechos sociales fundamentales y de los derechos protectores de las libertades civiles.

Sí, pero hay una miríada de Constituciones llenas de bellas palabras desgraciadamente desprovistas de vida. Si consideramos la práctica de la UE y recordamos además los artículos del presente texto de la Constitución europea en que se dice que la UE es una economía de mercado abierta con libre competencia, entonces las bellas palabras preambulares de la Constitución quedan reducidas al absurdo. Por lo demás, todo eso es secundario para los ciudadanos. Lo que ellos quieren saber es si seguiremos con el dumping salarial y social, o no.