Nº:67 - Las ONG en España deben rearmarse ideológicamente para no legitimar las políticas neoliberales

“Las ONG en España deben rearmarse ideológicamente para no legitimar las políticas neoliberales”
Silvia Torralba

Dependencia económica, poca base social, relación difusa con las empresas y un modelo de actuación que perpetúa el capitalismo. Es, según el analista Carlos Gómez Gil, la realidad de las ONG en España, sobre la que hay que reflexionar

Tan sólo en los años 1984 y 1985 surgieron en todo el mundo la misma cantidad de ONG que entre 1909 y 1984. En España, la década de los 80 se caracterizó también por el nacimiento de numerosas organizaciones no gubernamentales que, en estos últimos años, han crecido y evolucionado al mismo tiempo que se ha establecido un modelo internacional basado en políticas de carácter neoliberal.

En este contexto, cabe preguntarse si las ONG, sin quererlo ni darse cuenta, se han convertido en una herramienta más del sistema para perpetuar estas políticas que generan desigualdad. Carlos Gómez Gil, sociólogo que desde hace años analiza la realidad de las organizaciones españolas, puso sobre la mesa este debate en un acto de la plataforma Àgora Nord-Sud, organizado precisamente para reflexionar sobre el desarrollo, la coherencia y el papel de las entidades de desarrollo en la globalización.

En general, explica Gómez Gil, “el concepto ‘ONG’ está cada vez más desdibujado porque se usa para muchas cosas y aglutina a entidades con valores, fines y orígenes muy diversos” y “cada vez son más las instituciones ajenas a los valores reales de una ONG las que se amparan en estas siglas para su actuación”.

Según Carlos Gómez Gil, en España esta realidad también se da y hoy día el término ONG se refiere tanto a ONGD y entidades de acción social, como a grupos que se organizan para cualquier otra actividad. En este contexto, hay “contradicciones”, como que “las ONG crezcan al mismo tiempo que hay una crisis en los movimientos participativos tradicionales, que aumente el número de ONG al tiempo que éstas se alejan del ámbito de la política, que reciban dinero público mientras cuestionan algunas políticas del Estado...”

En cuanto a la relación con las autoridades públicas, Gómez Gil advierte de una “dependencia institucional extraordinaria” que lleva a organizaciones que comparten los mismos fines “a competir por los recursos económicos”.

“Hay un sometimiento económico al Estado y una escasa acción para conseguir recursos propios, que se acentúa con la concentración económica de los fondos gubernamentales en un número reducido de entidades” afirma este sociólogo y profesor de la Universidad de Alicante, que alerta que las ONG aumentan sus recursos “pero no su cauce social ni sus espacios de participación”.

De esta manera, se trata de recordar a los Gobiernos que son los responsables de ofrecer un mínimo de servicios a los ciudadanos y de recodar también a algunas entidades que “no deben apropiarse de parcelas que son responsabilidad de los Estados a cambio de fondos”, añade Carlos Gómez Gil, que señala que “sólo desde la subvención del proyecto no es posible transformar nada”.

La relación con las empresas, otro aspecto clave

Pero en opinión de Gómez Gil, la reflexión de las ONG sobre su relación con otros actores no debe referirse únicamente al Estado sino también a las empresas. El debate, apunta, debe ser serio y “sereno”, y abordar temas como la “asimilación del lenguaje de la banca en las ONG, que hace que se llegue a eslogans como ‘sálvame del sufrimiento por 12 euros al mes’”.

En estos momentos, comenta Carlos Gómez Gil, “las cesiones que se están haciendo hacia los caprichos de las empresas y el mercado son muy importantes” y el lenguaje empresarial se ha asimilado en las ONG de tal manera que muchos de los mensajes de las organizaciones "incumplen sistemáticamente el código de conducta” de las entidades.

Todo esto se traduce en “un peligroso proceso de acomodación de ONG a los intereses del capitalismo global, en la contribución de la expansión de los valores del mercado y en la necesidad de regular aún más la labor y el lenguaje de las organizaciones no gubernamentales”, defiende Gómez Gil.

La solución está en las propias ONG

Como explica Carlos Gómez Gil, la principal contradicción es la presencia de “ONG sanas en sociedades enfermas” y la existencia de organizaciones “que se alimentan del sentimiento de buen samaritano que llevamos dentro y cuyos dirigentes engordan desde la entidad que presiden”.

Por este motivo, añade, los cambios sólo pueden llevarse a cabo “desde adentro, siendo conscientes de dónde estamos” y pensando que quizás “muchas de las cosas que hasta ahora se consideraban incuestionables no lo son”.

Según Gómez Gil, el primer paso para iniciar este proceso es que las ONG en España “se rearmen ideológicamente”, dejando atrás su neutralidad y cuestionando ciertas políticas del modelo de globalización neoliberal pero, al mismo tiempo, aprovechando las capacidades que este modelo ofrece, como las nuevas tecnologías para la comunicación.

Carlos Gómez Gil es sociólogo, profesor del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante y director del Seminario Permanente de Inmigración de este centro. Desde hace años analiza la realidad de las ONG de cooperación en España, ha presidido la entidad Alicante Acoge y en la actualidad es responsable del área de cooperación al desarrollo de la organización

Nº:66 - Entrevista a Daniel Raventos

Más allá del Estado de Bienestar. Entrevista
Daniel Raventós

El número 4 de la revista Panorama Social, editada por la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), entrevistó a Daniel Raventós acerca de la relación entre el Estado de bienestar (a cuyo tema está dedicado este ejemplar) y la Renta Básica. Condujo la entrevista la coordinadora de Panorama Social y profesora titular de la UNED, Elisa Chuliá.

Los sistemas de protección social europeos se fueron construyendo a lo largo del siglo XX sobre una idea central: la necesidad de proteger a los individuos (bien a los trabajadores y a sus familias, bien al conjunto de la ciudadanía) de las contingencias derivadas de la pérdida de la salud, el trabajo remunerado o la capacidad para ejercerlo. Esta filosofía ha marcado en gran medida el desarrollo de los estados de bienestar, uno de cuyos pilares centrales constituyen los sistemas de pensiones y prestaciones económicas (de jubilación, viudedad, incapacidad, desempleo o maternidad). Pese al recurrente debate sobre las dificultades de financiación de los estados de bienestar, lo cierto es que este modelo institucional, tal como hoy se conoce, ha resultado muy estable.

No obstante esta estabilidad, en los últimos años se ha avivado el debate en torno a propuestas alternativas. Entre ellas destaca la de la renta básica, concepto que hace referencia a un “ingreso pagado por el estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva”. Ésta es la definición que aparece en la página web de la Red Renta Básica (www.redrentabasica.org), una asociación que inició su actividad a principios de 2001 y que define sus fines como “la promoción y difusión de estudios y la investigación científica sobre la renta básica, para un mejor conocimiento de la propuesta y de su viabilidad". Desde 2002 la Red Renta Básica está integrada en la organización internacional Basic Income Earth Network (BIEN), que entre sus principales actividades organiza un congreso mundial cada dos años para reunir a gente interesada en la renta básica.

Daniel Raventós, uno de los fundadores y presidente actual de la Red Renta Básica, es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona. Ha dedicado diversos trabajos a la renta básica, entre ellos el libro El derecho a la existencia (1999, Barcelona: Ariel), La Renta Básica. Por una ciudadanía más libre, más igualitaria y más fraterna, del que fue editor, (2001 y 2002, Barcelona: Ariel) y (con Jordi Arcarons, Alex Boso y José Antonio Noguera) el estudio La Renda Bàsica de Ciutadania: una proposta viable per a Catalunya (2005, Barcelona: Mediterrània). En esta entrevista, Raventós contesta a algunas cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la renta básica y los principios ético-filosóficos que subyacen a ella. Asimismo aclara ciertos malentendidos que con frecuencia se asocian a la renta básica y aporta información valiosa sobre el avance de esta propuesta en la práctica.

Panorama Social: ¿En qué se diferencia la propuesta de la renta básica (RB) de otras propuestas como las rentas mínimas de inserción (RMI) o como el impuesto negativo sobre la renta (INR)?

Daniel Raventós: Con las RMI hay muchísimas diferencias; con el INR también, aunque técnicamente menos. Las RMI, que están introducidas en muchos países europeos, incurren en las conocidas trampas de la pobreza y el desempleo. Los programas de RMI contemplan prestaciones en dinero que no son acumulativas. Son prestaciones que, a lo sumo, complementan una posible renta percibida hasta el umbral que el programa fije. Esta condicionalidad supone un estímulo negativo para aceptar posibles ofertas de trabajo de baja remuneración (los pocos beneficiarios de estos programas no acostumbran a tener una calificación laboral muy alta) o incluso de trabajo remunerado a tiempo parcial. No estimula a hacerlo porque se pierde una unidad monetaria de prestación por cada unidad monetaria de ingreso salarial que pudiera provenir en el caso de aceptar estos trabajos. Ahora bien, los beneficios a corto plazo que implica la obtención de dos rentas (la de la prestación y la de un trabajo sumergido) estimulan el trabajo sumergido y, por tanto, el “pequeño” fraude fiscal. Aunque los perjuicios a largo plazo (no se generan derechos para una pensión contributiva) y a no tan largo plazo (la imposibilidad de acceder al seguro de desempleo) son muy grandes, las necesidades del corto plazo pueden pesar más.

La cobertura insuficiente de los programas de RMI es otro de los problemas de estos programas. Efectivamente, no llegan a alcanzar a la totalidad de la población que potencialmente podría llegar a ser beneficiaria. Asimismo, la estigmatización de los beneficiarios representa un problema no menor asociado a las RMI. Algunas de las personas beneficiarias de estos programas se consideran, por el hecho mismo de entrar en un programa para pobres, fracasadas socialmente. De ahí la calificación de estigma social para referirse a este problema.

Estos programas, a su vez, suponen unos costes de administración muy importantes. La proporción de este coste en relación al presupuesto total del programa es muy elevada. Ello es así porque hay personal implicado en la selección, el seguimiento de los beneficiarios, la evaluación de los resultados, etc. Todo esto cuesta dinero. Además, como quiera que se ha de cumplir una serie de condiciones para acceder a las RMI y estas condiciones deben ser regularmente controladas, se produce una invasión inevitable de las vidas de los beneficiarios de las RMI.

Las RMI también plantean problemas relacionados con las transformaciones más propias de la crisis del estado de los últimos 30 años. Por ejemplo, la desconexión de las RMI (entre otras prestaciones sociales) del sistema fiscal motiva que los gastos fiscales superen en no pocas ocasiones a las cantidades de las prestaciones de las RMI (y de otras prestaciones). Ello genera una evidente falta de equidad puesto que, además, las desgravaciones y deducciones fiscales benefician de forma muy mayoritaria a las franjas de rentas medias y superiores.

Finalmente, habría que mencionar los problemas más directamente relacionados con los programas de inserción laboral (las propias RMI) o de trabajo remunerado protegido. Como se decía en una investigación en la que participé con varios miembros de mi asociación (La Renda Básica de Ciutadania. Una proposta viable per a Catalunya): “En el primer caso, la promesa de inserción laboral raramente se cumple en condiciones normales equiparadas a las del resto de la población ocupada estable, de forma que los diferentes ‘planes de inserción’ a menudo se convierten en una serie de actividades para ‘tener entretenidos’ a los pobres, más que un proceso de inserción con garantías reales de éxito. En el caso de la ocupación social protegida, los trabajos proporcionados acostumbran a ser, en muchos casos, desagradables y poco calificados; lo que hace difícil conseguir los objetivos previstos de inserción, reconocimiento social y similares: un trabajo ‘de caridad’ no es mucho mejor que una renta ‘de caridad’”

Respecto al INR, la RB presenta menos diferencias. La que a mí me parece más importante estriba en que un programa de INR solamente alcanzará los efectos deseados sobre la pobreza si se complementa con un sistema de pagos por adelantado suficientes para posibilitar que la gente pueda sortear la miseria, hasta que puedan comprobarse sus declaraciones de impuestos al final del año fiscal.

Panorama Social: ¿Qué ventajas sociales tiene un esquema de provisión de renta básica sobre un sistema de bienestar como el de la mayoría de los estados del bienestar europeos, que combinan prestaciones universales (como la sanidad y la educación), contributivas (como las pensiones) y no contributivas (como los subsidios)?

Daniel Raventós: Yo creo que muchas, aunque para evitar una desgraciadamente frecuente confusión, no debe considerarse la RB incompatible con algunas de las grandes conquistas del estado de bienestar, por ejemplo, la sanidad y la educación públicas. Ningún partidario de la RB que yo conozca está proponiendo financiarla mediante la privatización de la educación y la sanidad. Personalmente añado lo siguiente para dejarlo bien claro: si así se financiase una RB, los efectos para la población más pobre y de menor renta serían muy probablemente peores que dejar las cosas tal como están.

Pero, entrando más directamente en la pregunta formulada, creo que pueden establecerse una serie de ventajas de la RB sobre las prestaciones de los estados de bienestar que conocemos:

- La RB suprime de raíz la lacra conocida por “estigmatización”. Al tener derecho a ella de forma universal, sin condición adicional a la de ciudadanía o residencia, no estigmatiza a los perceptores porque lo serían todas las personas.

- La RB permite una mayor flexibilidad del mercado de trabajo. Ahora bien, esta flexibilidad iría acompañada por una gran protección para el trabajador. Le permitiría mayor libertad para elegir un trabajo. Una cuestión especialmente importante es que posibilitaría una elección crucial: la de no trabajar asalariadamente. Es decir, la fuerza de trabajo sería, parcialmente al menos, desmercantilizada. También abriría más posibilidades de elección sobre la forma organizativa del trabajo remunerado (autoocupación o cooperativas, por ejemplo).

- La RB evita las ya mencionadas trampas de la pobreza y del desempleo. Estas trampas aparecen por el hecho de que las cantidades monetarias de los subsidios condicionados no son acumulativas (es decir, que son subsidios complementarios a una renta ya existente y hasta un umbral establecido). Se explica así la inexistencia de estímulos para aceptar ocupaciones a tiempo parcial o de cualquier remuneración. Técnicamente lo podemos expresar de la siguiente manera: el tipo impositivo marginal que se aplica a cada unidad monetaria que no sea la del subsidio condicionado es en muchos casos del 100%, es decir, se pierde una unidad monetaria de prestación por cada unidad monetaria de ingreso salarial que se pueda obtener. A diferencia de los subsidios condicionados, la RB no constituye un techo, sino que define sólo un nivel básico, a partir del cual las personas pueden acumular cualquier otro ingreso (el trabajo remunerado incluido).

La RB permite otro reparto de los tres tipos de trabajo (remunerado, doméstico y voluntario). Las personas son más libres de decidir cuándo y cómo prestan su fuerza de trabajo a cambio de un salario, si prefieren realizar un trabajo voluntario o dedicar más tiempo al trabajo reproductivo o doméstico. Asimismo, la RB mitiga la aversión al riesgo y permite una mayor innovación. Hay dos tipos de emprendedores: aquellos que tienen un colchón (familiar la mayoría de las veces) que les permite plantear un proyecto empresarial de forma racional, y aquellos para los cuales la autoocupación es la única salida laboral. En estos casos, el riesgo es no sólo perder la inversión, sino también los medios de subsistencia, lo que hace cualquier decisión mucho más angustiosa. Pero no sólo esto: en muchos casos, la falta de capital inicial mínimo retrae a potenciales emprendedores; la RB podría facilitar la capitalización de los pequeños proyectos empresariales y, al tiempo, permitiría sobrevivir sin depender del éxito de estos proyectos.

Por lo demás, la RB elevaría simultáneamente los salarios de los trabajos poco atractivos, poco estimulantes, que ya nadie se vería obligado a aceptar para subsistir, y reduciría los salarios medios de los trabajos atractivos e intrínsecamente gratificantes. Los trabajos penosos, los que se desempeñan bajo condiciones físicas extremas, dejarían de ser aceptados con los niveles salariales actuales. De este modo, aumentaría la presión sobre los empresarios para asumir incrementos salariales sustanciales que hicieran atractivas las mencionadas tareas. En definitiva, la RB daría una mayor capacidad de negociación a los trabajadores.

Panorama Social: ¿Supondría la introducción de la RB la supresión del sistema de prestaciones contributivas de la Seguridad Social?

Daniel Raventós: Depende siempre de la forma de financiación de la RB. En el estudio antes citado se proponía la supresión de las prestaciones contributivas inferiores a la cantidad de RB. Las superiores quedarían suprimidas solamente en la cantidad que fuera igual a la de la RB. Esto es, la diferencia entre la prestación percibida y la RB seguiría percibiéndose. En ningún caso, en la propuesta mencionada, un pensionista saldría perjudicado (a lo sumo, en el caso de las pensiones más altas, quedaría igual como está ahora) y la inmensa mayoría saldría beneficiado.

Panorama Social: La introducción de una RB para todos los ciudadanos de un país plantearía necesariamente la pregunta de quién es ciudadano. De no limitar la condición de ciudadano a los nacionales de un país, ¿no se incentivaría la inmigración masiva, generando una presión insostenible sobre las finanzas públicas del país que hubiera introducido la renta básica?

Daniel Raventós: Creo que en esta pregunta hay muchos conceptos mezclados: ciudadanía, residente acreditado (o no), causas de la inmigración…. Para ser breve, desarrollaré solamente una línea de argumentación de las muchas que creo que pueden esgrimirse.

Bien podría decirse, siguiendo la lógica de que cuanto mejor estén los peor situados en los países ricos mayor “efecto llamada” se produciría entre los pobres de los países pobres, que cualquier medida que suponga una mejora de la situación de los sectores más pobres de los países ricos incentivaría la inmigración. Las reformas sociales que en los países ricos merezca la pena impulsar pueden suscitar argumentos favorables o contrarios, pero es de dudosa coherencia el de “puesto que los habitantes de los países pobres no disponen de esta prestación o derecho, no se debe poner en práctica”. Por poner algunos ejemplos: la reducción de la jornada laboral, los aumentos salariales, la extensión de la cobertura de las prestaciones por desempleo, el adelanto de la edad de jubilación… Cuando se discuten estas demandas sociales, en los países ricos no se está pendiente de cómo pueda repercutir su introducción entre la población de los países pobres. Y es muy razonable pensar y actuar de esta suerte.

La presión de emigrar de los países pobres hacia los ricos nace del convencimiento de la imposibilidad de llevar una vida en el propio país que merezca el calificativo de digna. Si esto es así, las supuestas consecuencias sobre el “efecto llamada” de la introducción de una RB deberían limitarse. En cuanto a la “presión insostenible sobre las finanzas públicas”, cabe remitir al ya mencionado estudio porque esta pregunta exigiría una contestación más larga de lo que permite el espacio de esta pequeña entrevista. Pero la respuesta rotunda es: de ninguna manera. En www.redrentabasica.org también pueden encontrase algunos trabajos que abordan directamente esta cuestión.

Panorama Social: ¿No sería mejor potenciar todas aquellas medidas que favorezcan la posibilidad de encontrar trabajo?

Daniel Raventós: Defender la RB no significa sostener también la opinión según la cual disponer de un trabajo remunerado reconocido socialmente carece de valor. Ser partidario de la RB es perfectamente compatible (hasta complementario, podría afirmarse) con la defensa del acceso a un trabajo remunerado para quien quiera tenerlo. Más bien, algunos defensores de la RB han expuesto las ventajas que la RB podría suponer para posibilitar el acceso a un trabajo de este tipo. Entre estas ventajas, cabe mencionar telegráficamente las tres que siguen:

- En primer lugar, la RB podría facilitar que muchas personas pudieran trabajar menos horas, mediante jornada a tiempo parcial, porque circunstancias de la vida provisionales (estudios, formación laboral…) así lo aconsejasen.

- En segundo lugar, la RB permitiría un mayor acceso al trabajo remunerado o empleo para muchos individuos, de varios modos: a) suprimiría la famosa “trampa del desempleo”; b) podría permitir una mayor flexibilización del mercado de trabajo que no se tradujese en desprotección e inseguridad social, como ocurre en la actualidad, al aumentar el poder contractual de la parte débil del contrato laboral; c) haría más factible para muchas personas la aceptación de determinados tipos de trabajos que pueden ser demandados e incluso atractivos, pero que por su baja productividad son mal pagados.

- Finalmente, con la RB las condiciones de posibilidad de una mayor autoestima aumentarían a través de la realización de distintos tipos de ocupación, dado que ésta ya no sería “artificial”, simplemente para garantizar la “asistencia” a los desempleados. Si a esto añadimos que la RB aumenta la fuerza negociadora del empleado potencial (la parte débil del contrato laboral), los salarios de los trabajos desagradables deberían subir -o sus condiciones hacerse más aceptables- para generar una oferta de trabajo suficiente. La RB implicaría incrementar la posibilidad de elección de un trabajo (en vez de estancar a la gente en la “trampa del desempleo” o en trabajos absurdos garantizados de forma workfarista).

Además, conviene destacar que la RB no discriminaría entre quienes realicen empleo remunerado y quienes lleven a cabo trabajo doméstico o voluntario: todos recibirían una renta, con lo cual aumentaría el grado de equiparación entre los tres trabajos mencionados.

Panorama Social: ¿Qué justificaciones filosóficos políticas (o éticas, quizás) se han ofrecido sobre la RB?

Daniel Raventós: Desde bien conocidas posiciones filosóficas liberales (académicas) de izquierda, como la de John Rawls y la de Philippe Van Parijs, y de derecha, como la de Robert Nozick, se han dado sofisticadas argumentaciones. No quiero dar a entender con ello que autores como Rawls o Nozick estuvieran de acuerdo con la RB (el caso de Van Parijs es diferente porque “ideó” una teoría de la justicia precisamente para justificar la RB); lo que afirmo es que hay quien basándose en las teorías de la justicia de estos autores ha desarrollado una justificación normativa.

Un grupo de economistas, filósofos y sociólogos ubicados principal pero no únicamente en Barcelona, estamos trabajando desde hace algunos años en una justificación normativa republicana (tradición más de dos veces milenaria del pensamiento social y político) de la RB. Muy brevemente, la justificación va por este camino:

(1) Ser libre significa no depender de otro particular para vivir, no ser arbitrariamente interferible por este otro particular. Quien depende de otro para vivir, no es libre. Quien no tiene asegurado el “derecho a la existencia” por carecer de propiedad, no es sujeto de derecho propio –sui iuris—, vive a merced de otros, y no es capaz de cultivar ni menos de ejercitar la virtud ciudadana, y ello porque esta dependencia de otro particular le hace un sujeto de derecho ajeno, un alieni iuris, un “alienado”.

(2) La libertad republicana puede alcanzar a muchos (democracia plebeya, como defienden los republicanos democráticos) o a pocos (oligarquía plutocrática, como defendieron los republicanos oligárquicos), pero siempre está fundada en la propiedad y en la independencia material que de ella deriva. Cuando la propiedad está muy desigualmente repartida, poco espacio hay, si alguno, para la libertad del resto que está privado de aquélla. La independencia, la existencia material, la base autónoma (son expresiones aquí perfectamente permutables) que confiere la propiedad es condición indispensable para el ejercicio de la libertad. De ahí la idea defendida por parte de los defensores republicanos de la RB: “universalizar la propiedad”. Universalizar la propiedad debe entenderse de forma metafórica. Nadie está pensando seriamente en repartir la propiedad de un país dado, o del mundo, entre los habitantes del país en cuestión en el primer caso, o del mundo en el segundo. Universalizar la propiedad debe ser entendido aquí de forma equivalente a tener la existencia material garantizada.

La instauración de una RB supondría una independencia socioeconómica, una base autónoma de existencia, mucho mayor que la actual para buena parte de la ciudadanía, sobre todo, para los sectores de la ciudadanía más vulnerables y más dominados en las sociedades actuales (buena parte de los trabajadores asalariados, pobres en general, parados, un buen número de mujeres, etc.). En definitiva, la libertad republicana, para algunos grupos de vulnerabilidad, vería ensanchadas sus posibilidades con la existencia de una RB.

Panorama Social: ¿Existen experiencias en otros países que permitan valorar hasta qué punto la propuesta de la RB consigue los objetivos que se persiguen con su implantación?

Daniel Raventós: En el estado norteamericano de Alaska existe desde 1982 una RB. Ya hace pues un cuarto de siglo que toda persona que resida legalmente en Alaska un mínimo de 6 meses recibe una RB. Actualmente cerca de 700.000 personas cumplen esta condición de ser residentes legales de aquel lugar. La historia merece ser contada aunque sea brevemente.

Jay Hammond, que murió en 2005, es uno de los nombres asociados a esta historia. Fue el gobernador de Alaska durante 8 años, de 1974 a 1982. La Bahía de Prudhoe, en Alaska, es rica en petróleo y Hammond defendía que la riqueza generada beneficiase a la población presente y futura de aquella zona. En concreto, Hammond propuso la constitución de un fondo que tuviera por objetivo asegurar, mediante un depósito de una parte de los ingresos que proveía el petróleo, la continuidad del beneficio de esta riqueza. Fue en 1976 cuando se creó el Alaska Permanent Fund para tal fin.

La RB de Alaska es un dividendo correspondiente a una parte del rendimiento medio, a lo largo de los cinco años precedentes, del fondo permanente constituido a partir de los ingresos de la explotación del petróleo. Este fondo ha sufrido muchas modificaciones, representando actualmente una cartera diversificada a escala mundial. La RB de Alaska supuso en el año 2000 un monto de 2.000 dólares para todo residente. Si la riqueza en el conjunto de Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas ha tendido a distribuirse a favor de los más ricos, en Alaska ha seguido una tendencia contraria, haciendo de Alaska el Estado más igualitario de los Estados Unidos. La RB que existe en Alaska no es, por su modo de financiación, la que personalmente me parece más adecuada, pero bien es verdad que su existencia es una realidad única en el mundo.

Panorama Social: ¿Ha entrado la propuesta de la RB en la agenda política de algún partido español? ¿Ha llegado la propuesta de la renta básica a alguna asamblea legislativa?

Daniel Raventós: Así, tal como está definida al principio de esta entrevista, solamente sé que la RB está incluida en el programa de las juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya. Iniciativa per Catalunya-Verds tiene en su programa una propuesta que se le asemeja mucho, aunque limitada a menores de 25 años y mayores de 65. Sé de otros partidos que lo están discutiendo. Jordi Sevilla, el actual ministro de Administraciones Públicas, era un firme partidario de la RB, como puedo atestiguar porque compartí varias mesas con él antes de que fuera ministro, si bien siempre especificó que era partidario de una implantación muy gradual.

Se ha creado una subcomisión parlamentaria de las Cortes (con el apoyo del PSOE, de IU-ICV y ERC) para tratar el estudio de la viabilidad de una RB para todo el reino de España. En mayo de 2002 (cuando en Catalunya aún gobernaba CiU) se discutió en un plenario del Parlament una proposición de ley presentada por ERC e ICV proponiendo una RB. Sé también que se ha discutido o va a discutirse en el Parlamento vasco, en el andaluz y en el de Castilla y León. Y más esperanzador aún es que en muchos lugares del mundo, con situaciones económicas muy diferentes, está creciendo el interés por las grandes potencialidades de la RB, tal como ha quedado evidenciado en el último congreso (el XI) del BIEN realizado a principios de noviembre de 2006 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Nº:65 - El movimiento de movimientos en su laberinto

El movimiento de movimientos en su laberinto
Luis Hernández Navarro

Desde su nacimiento en las protestas de Seattle contra la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC), a finales de 1999, el movimiento contra la globalización neoliberal ha recibido diversos nombres. Altermundismo, movimiento de movimientos, no global, Pueblo de Seattle son algunos.

Muy pronto la revuelta de los globalizados adquirió importancia política mundial. No había cumbre de organismos financieros multilaterales, del Grupo de los 8 (G8) o en favor de acuerdos de libre comercio entre naciones que no se viera enfrentado a las protestas de numerosos manifestantes. Tanto así que un alto funcionario de la administración de Bush declaró al New York Times del 21 de abril de 2001: "No se puede tener una cumbre comercial en estos días sin gases lacrimógenos; sería como una cheeseburger sin queso". Hoy, sin embargo, a pesar de sus éxitos, enfrenta un enorme desafío.

El séptimo Foro Social Mundial (FSM), realizado en Nairobi, Kenia, del 20 al 25 de enero pasados, se efectuó en medio de fuertes críticas. En esta oportunidad, a diferencia de otros años, se objetó no sólo el carácter meramente deliberativo del encuentro y su decisión de no tomar acuerdos programáticos o de acción, sino la dinámica misma de funcionamiento.

Esta edición del FSM fue dominada por las congregaciones religiosas y las grandes fundaciones de la cooperación internacional con muchos recursos por sobre los movimientos sociales. Que empresas privadas patrocinaran el foro levantó la indignación de quienes ven en él una alternativa a la lógica del mercado, así como que los organizadores cobraran una cuota para acceder a la reunión, dejando fuera a los africanos más pobres que no tenían dinero para pagar, fue severamente cuestionado. Con ironía, Rafael Uzcátegui transformó el lema original Otro mundo es posible en "Otro turismo es posible", paráfrasis compartida por buen número de asistentes. Ello es un indicador del agotamiento al que ha llegado la propuesta original del primer foro, efectuado en Porto Alegre.

A esta crisis no le son ajenas las dificultades por las que atraviesan dos de sus principales promotores. La Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los Ciudadanos quedó lastimada por un grave conflicto suscitado durante el cambio en la Junta Gestora de la asociación en Francia, en el que se formularon acusaciones de fraude. El Partido de los Trabajadores, de Brasil, sigue gobernando ese país, pero el reformismo sin reformas del presidente Lula precipitó una grave ruptura interna, la salida del ala izquierda del partido, y la decepción de muchos militantes dentro y fuera de ese país con el antiguo dirigente metalúrgico.

El ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 y las invasiones militares a Afganistán e Irak atravesaron el movimiento contra la globalización neoliberal y obligaron a reorientar su actividad. La paz se convirtió en uno de sus objetivos centrales. El altermundismo logró, junto con otras fuerzas, sacar a la calle a millones de personas en casi todo el mundo para exigir el fin de la intervención bélica. Sin embargo, toda esa energía social e indignación no lograron detener la agresión armada. Un sentimiento de impotencia y desesperanza se apoderó de muchos activistas.

Simultáneamente, el despertar de la ola patriótica en Estados Unidos provocó que sindicatos importantes que intervinieron en las protestas contra la OMC se relegaran del movimiento. Una ola antiestadunidense, que no distinguió entre los halcones de Washington y los ciudadanos, recorrió al Pueblo de Seattle. Muchos de sus integrantes conocían en detalle lo sucedido en comunidades remotas de Chiapas, pero ignoraban la resistencia de los herederos de Tom Payne. De la misma manera, el movimiento ignoró lo sucedido en países como China, donde se registran 80 mil protestas sociales al año. Tampoco comprendió cabalmente la naturaleza de la resistencia en las naciones musulmanas en general ni en Irak en particular.

La lucha contra la guerra no acabó con las acciones contra las grandes cumbres del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, pero limitó su alcance. En las jornadas de Génova de 2001 tuvo su expresión más alta.

En América Latina la dinámica de los movimientos populares se vio cruzada por los procesos electorales que llevaron al gobierno de distintos países a coaliciones progresistas. En Argentina, Brasil y Ecuador las resistencias entraron en reflujo, integración a la esfera estatal y dudas sobre su futuro. En casi todo el mundo, las protestas facilitaron la reorganización y resurgimiento de la vieja izquierda ortodoxa de todo tipo. Este renacimiento fue acompañado de un intento por centralizar, cooptar y dirigir los movimientos emergentes, sin sensibilidad para reconocer sus rasgos novedosos.

El movimiento ha insistido en hacer política desde abajo e impulsar la autorganización de la sociedad como vía para cambiar el mundo. Sin embargo, sin necesariamente proponérselo, la revolución bolivariana de Venezuela provocó que varias islas del archipiélago altermundista volvieran a poner el acento de su acción en los espacios estatales y la política institucional.

En meses recientes han surgido iniciativas para remontar la crisis. El líder campesino francés José Bové presentó su candidatura a la presidencia de Francia después de que durante muchos años se negó a incursionar en esta arena. Vía Campesina integró una coalición estable con ecologistas, consumidores, migrantes y pueblos indios en torno a la soberanía alimentaria. Grupos anarquistas y autonomistas, enfrentados desde las protestas de Praga, comienzan a actuar juntos y se preparan para bloquear la realización de la próxima reunión del G-8 en Alemania. Este año será fructífero en nuevas propuestas de acción. La ola de la resistencia parece que vuelve a despuntar.

Nº:64 - Entrevista a Oskar Lafontaine.

Constitución Europea: lo que naufragó, no se puede reflotar

Angela Merkel quiere salvar la Constitución de la UE desde la presidencia que ahora ocupa del Consejo europeo. Su reviviscencia tiene que darse como muy tarde en verano. La Linkspartei y la WASG [Partido de la Izquierda y Alternativa electoral por la justicia social, en proceso de unificación] la creen condenada al fracaso. Pero también ellos dicen: la UE necesita una Constitución. Sólo que muy distinta del texto actual. La formulación que habría de tener tal texto la han esbozado Oskar Lafontaine y Gregor Gysi en el Memorando de la Unión Europea que acaban de presentar.
¿Por qué pone tanto empeño la Canciller, en su calidad de presidente del Consejo de la Unión Europea, en reanimar un proceso constitucional comatoso?

Oskar Lafontaine: Francamente, no puedo explicármelo. Pero yo hago exactamente el mismo que juicio que usted sobre el estado del proceso constitucional europeo. Será muy difícil convencer a los Estado europeos de aprobar una Constitución así. Pase lo que pase, la izquierda exige una Constitución europea aprobada por referéndum en todos los estados miembros, porque el pecado capital de la evolución europea desde hace años es la toma de decisiones pasando de la población. Sin excepciones: piense en el Tratado de Mastrique, en la introducción del euro, en la ampliación con los países del Este. Quien así actúa, favorece la conversión de la UE en una burocracia no democrática.

Junto con la Constitución, el gobierno federal ha declarado como puntos fundamentales de su presidencia del Consejo europeo la culminación final del mercado interior europeo o la ahora mismo tan acaloradamente discutida seguridad energética europea. Si usted tuviera esa responsabilidad, ¿a qué daría primacía?

La izquierda se preocuparía sobre todo de someter a regulación el mercado europeo, sobre todo el llamado mercado de trabajo. Terrible palabra, dicho sea de paso, porque sugiere que lo que transita por ese mercado son mercancías, no seres humanos. La izquierda, además, introduciría un salario mínimo en todos los Estados de la UE, porque son imprescindibles para regular el mercado interior europeo de modo tal, que los europeos dejen de estar expuestos a una insegurización social permanente.

¿Y en lo tocante a la política energética?

En este respecto hay que andarse con mucho cuidado, porque ahora está ganando en Europa terreno la idea norteamericana de que el suministro energético ha garantizarse también, llegado el caso, militarmente. Eso se oye hoy en Alemania, sobre todo entre las filas de la CDU (democracia cristiana). Un peligroso camino errado.

Está usted pensando en el concepto ampliado de seguridad que se halla en el Libro Blanco del ministro de defensa Jung.

Estoy pensando en un cambio fundamental en la política exterior alemana consistente en utilizar abusivamente al ejército federal, con desprecio de la Constitución, en tareas que van más allá de lo defensivo. Hemos asistido a la violación del derecho internacional en la guerra de Yugoslavia y en la guerra de Afganistán. También en la guerra de Irak, en la que estamos también implicados, según ha sostenido el Tribunal Administrativo Federal, puesto que hemos puesto en Alemania aeropuertos a disposición de las fuerzas armadas estadounidenses y la armada federal ha acompañado en misiones de protección a naves de combate norteamericanas durante las negociaciones bélicas en Irak. Esos extravíos de la política exterior alemana se acentuarían todavía más, si ahora se pretendiera por añadidura proteger las fuentes energéticas. Willy Brandt o Helmut Schmidt rechazaron siempre eso.

Dicen ustedes en su Memorandum que con los referenda en Francia y en Holanda el Tratado constitucional ha naufragado. Pero se podría reponer que 17 Estados lo han ratificado ya de todos modos. Además, en junio habrá un nuevo presidente o una nueva presidenta francesa, lo que podría mover un poco las cosas. ¿Se mantiene usted en su afirmación?

Si, pero por otras razones. Lo decisivo es que una Constitución de la UE sea deseada por la población, si no, no es ninguna Constitución, sino una ordenanza impuesta. Y la población europea está en inequívoco desacuerdo con la política neoliberal prescrita por esa Constitución. Esa política ha llevado a la UE a mayores niveles de desocupación y de pobreza. Además, nosotros, como gentes de izquierda, entendemos la democracia no como un acto formal, sino como una forma de gobierno conforme a la cual no pueden despreciarse los intereses de la mayoría de la población, como hacen permanentemente las resoluciones del Ejecutivo de la UE, ya se trate del Consejo, ya de la Comisión. Una y otra vez vemos al Bundestag [parlamento federal] alemán, que se entiende a sí mismo como una asamblea de esclarecidos, votar contra la mayoría del pueblo. Piense usted en las pensiones, en el IVA y en la reforma del sistema de sanidad. O en las excursiones ultramarinas del ejército federal, que contradicen la voluntad de la mayoría. En el parlamento se decide siempre lo contrario de lo que la mayoría fuera del parlamento considera lo correcto.

¿Necesita Europa para algo una Constitución? ¿No basta con una Carta de Derechos Fundamentales?

Si se quiere continuar la unidad europea y nos atenemos, como yo, a una visión de los Estados Unidos de Europa, entonces una Constitución de la UE es un progreso. Pero el texto constitucional no tiene que ser un tocho como el actual. Basta un texto corto que permita a los Estados miembros entenderse de acuerdo con los principios generales de su actuación conjunta, sin necesidad de regular todos los detalles. Pero entre esos principios están el carácter social del estado y los deberes de la propiedad con el bien común. Precisiones de este tipo, que pongan límites al radicalismo de mercado, están de todo punto ausentes hasta ahora.

¿Pero no contribuye usted a aumentar el escepticismo con la UE al afirmarse en la necesidad de una Constitución de la UE? Acabe ésta teniendo el aspecto que se quiera, despertará en el ciudadano europeo la impresión de un mayor control foráneo, de una menor transparencia.

Porque las cosas son como usted dice, sólo un debate a fondo de un texto sencillo puede mitigar esa impresión. Yo tuve una experiencia singular en Francia, cuando fui invitado a participar en la campaña del No en el referéndum de mayo de 2005, y me sorprendió lo bien que conocían los franceses el texto constitucional. Hasta taxistas y camareros me hablaron del asunto en París; ¡eso querría yo en Alemania!.

¿Por qué aboga usted por una neutralidad de la Constitución en materia de política económica, en vez de pretender anclar en la Constitución el carácter social de la economía de mercado?

En las partes pertinentes de nuestro Memorando decimos también que la Constitución debe estar abierta a un orden económico mixto, con un sector público significativo...

... pero el concepto de neutralidad en política económica salta a la vista.

Se empleó esta formulación porque hasta ahora se había despertado la impresión de que el orden neoliberal carecía de alternativas, haciéndole así acreedor a figurar con el rango de un mandato constitucional. Está totalmente fuera de disputa que para nosotros la existencia de un fuerte sector público es de todo punto esencial, lo que –huelga decirlo— expresa una determinada idea de la economía y del Estado. Si en Alemania tuviéramos un sector público tan robusto como en Dinamarca o Suecia, entonces –basta echar cuentas— no tendríamos desempleo. Pero estas sencillas conexiones son completamente ignoradas en la discusión alemana, por desgracia.

Sin embargo, los criterios sociales a que usted se atiene, ¿no traen consigo un mayor control macroeconómico, por ejemplo, a través del Banco Central europeo?

Para empezar: la izquierda es la única fuerza política persuadida de que la constitución del Banco Central europeo (BCE) tiene que ser modificada en el sentido de una política económica de tipo clásico. Para hacerla entender a las personas que reaccionan escépticamente ante esta idea de la izquierda, no nos cansamos de apelar al Banco Central estadounidense, encargado no sólo de velar por la estabilidad monetaria, sino igualmente obligado a promover el crecimiento y el empleo. Con sólo que se limitara a copiar la constitución del Banco Central estadounidense, tendríamos ya un gran progreso en el Banco Central europeo.

¿Hasta qué punto?

El BCE no podría ya conducir su política conforme a las reglas completamente superadas que le prescribe el Tratado de Mastrique. Piense en el pasado año: el gobierno federal tuvo el coraje de no recortar, como requería el cumplimiento de los criterios de Mastrique, y al verse favorecido, además, por la coyuntura mundial, se confirmó la vieja fórmula de la izquierda: sólo el crecimiento sana el presupuesto. Por eso hay que cambiar el llamado pacto de estabilidad, también llamado, de manera contundente, pacto de crecimiento. Pero demás necesitamos una armonización de la política fiscal a escala europea. En resuelta oposición a los partidos conservadores, pretendemos esa armonización no sólo a través de los impuestos indirectos, sino también –y mucho más importante— a través de impuestos directos sobre el ingreso, el patrimonio o el rendimiento de los intereses. Mientras no se produzca una armonización aquí, mientras, por ejemplo, en Austria no haya imposición sobre el patrimonio, todos los neoliberales alemanes dirán que no se puede introducir porque si no nuestros ricos emigrarán.

El actual texto constitucional de la UE prevé, entre otras cosas, un ministro europeo de asuntos exteriores. ¿No sería eso un avance, también en vista de las relaciones transatlánticas?

Desde luego, pero eso presupone que los europeos sean capaces de una política exterior común. De lo contrario, un ministro así no tiene función ninguna.

De él podría partir cierto impulso hacia la unidad de acción.

Pero mire usted a Solana, el actual comisario de asuntos exteriores en la UE. ¿Acaso ha promovido una política europea común en Irak? Si se quiere un ministro europeo de asuntos exteriores, hay que dar antes respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo tendría que ser una política exterior europea? La izquierda quiere una orientación completamente distinta, conforme a un principio fundamental: igual derecho para todos, el derecho internacional tiene que valer para todos igual, el tratado de no-proliferación nuclear debe valer igual para todos. El gran error del gobierno Schröder-Fischer consistió en la pretensión de convertir la continuada violación del derecho internacional en fundamento para un nuevo papel de Alemania en el mundo.

Usted sugiere la puesta en marcha de algunas fuerzas de intervención europeas. ¿Tendrían que ser neutrales en punto a alianzas políticas?

Queremos una política exterior que haga posible asociarse en cuestiones de seguridad con otros, también con los EEUU, naturalmente. Una política exterior en la que esté meridianamente claro que la UE en ningún caso se dejará arrastrar por una política estadounidense que sirva a la conquista de fuentes de materias primas y de mercados de consumo, como a veces se oye en las afirmaciones irreflexivas de los llamados expertos en política exterior de otros partidos.

¿Alianzas de seguridad sin la OTAN?

Sí, porque ya no existe la OTAN en su forma original. La alianza occidental se ha transformado hasta convertirse en una liga de intervención. No sin decisiva participación alemana, apoyada en la necia fórmula: Alemania también se defiende en el Hindu-Kush. Uno de los asertos más absurdos que yo haya tenido ocasión de oír de boca de un político alemán. Sólo la holgazanería intelectual explica que no se haya venido a la idea de darle la vuelta a la afirmación para hacerle decir a un afgano: mi país y el honor de mi clan se defienden también en los Alpes.

¿Por qué no dice usted nada en su Memorandum de las opciones de ampliación de la UE?

Porque somos de la opinión de que primero hay que empezar por digerir las incorporaciones más recientes. No decimos eso sólo porque esas incorporaciones se hayan producido de manera no democrática, pasando por encima de las poblaciones, sino porque se han malutilizado también como instrumento de dumping salarial e incluso fiscal. De aquí que las asociaciones empresariales se muestren tan vehementemente a favor de la ampliación al Este. Mientras eso sea así, una formación de izquierda no puede pronunciarse por la ampliación, sino que está obligada a hablar de la manera de corregir las cosas que se han hecho mal.

¿Qué piensa usted de la aspirante Turquía?

Exactamente lo mismo. Antes se decía siempre: necesitamos una profundización y una ampliación de la UE. De eso sólo ha quedado una ampliación con dumping social, y nada más.

Antes de los referenda en Francia y Holanda, hubo políticos de la PDS [el nombre anterior de la Linkspartei] que se manifestaron claramente a favor de la Constitución europea. ¿Cuanto desafecto provocan hoy sus posiciones sobre la UE en la Linkspartei?

Yo creo que los principios que Gregor Gysi [el principal dirigente de la Linkspartei] y yo hemos dejado sentados en el Memorandum, y que apuntan claramente a una regulación socialista de la economía de mercado, están completamente fuera de discusión, tanto en la Linkspartei como en la WASG. Puede haber alguno que otro que aprecie mucho las ínfimas mejoras que se han hecho en el presente Tratado constitucional, como la Carta de Derechos Fundamentales. Pero mi impresión es que en ninguno de los dos partidos halla la Europa neoliberal la menor adhesión.

En su día, los partidarios de la Constitución en las filas de la PDS sugerían que con la Carta de Derechos Fundamentales se expresaba por vez primera en un documento de la UE la inextricable unidad de los derechos sociales fundamentales y de los derechos protectores de las libertades civiles.

Sí, pero hay una miríada de Constituciones llenas de bellas palabras desgraciadamente desprovistas de vida. Si consideramos la práctica de la UE y recordamos además los artículos del presente texto de la Constitución europea en que se dice que la UE es una economía de mercado abierta con libre competencia, entonces las bellas palabras preambulares de la Constitución quedan reducidas al absurdo. Por lo demás, todo eso es secundario para los ciudadanos. Lo que ellos quieren saber es si seguiremos con el dumping salarial y social, o no.